El tamayazo
R. Cases
Veinte años después todos intuimos con absoluta claridad lo que pasó en aquellos días aciagos para vergüenza de la política española. Los que movieron los hilos de aquella infamia, supieron después obrar para que la justicia no diera con las pruebas de lo sucedido. La Justicia no aclaró nada; los socialistas no tuvieron el acierto de dar con las claves para levantar las alfombras; los artífices de la trama la diseñaron a la perfección. Y hoy, solo sabemos que los presuntos delitos han prescrito; pero la infamia, no. La infamia está ahí, en nuestra memoria, como sombra que nos sigue
En términos políticos, el hecho más grave, que puede darse en una democracia, es alterar el resultado de las urnas. Eso fue, lo que llamamos “Tamayazo”. No fue otra cosa. A alguien, o a ciertos sectores económicos y políticos, no les gustó el resultado de unas elecciones que se habían celebrado 17 días antes de aquel 10 de junio de 2003. La voluntad manifestada en las urnas por más de un millón de votantes fue suplantada por dos diputados y con apoyo de toda una organización, dispuesta a imponer un gobierno que permitiese unos suculentos beneficios.
El Tamayazo, no dejará de pasearse nunca por Madrid. Siempre estará presente. La historia de estos veinte años no hubiese sido la misma si no hubiese tenido lugar aquella felonía. Supuso el arranque de una sucesión encadenada de corruptelas que acompañarán siempre al Gobierno de la Comunidad. Sectores políticos y económicos se dieron cuenta de que con un cambio de Gobierno desaparecían las expectativas presentes en el horizonte más próximo. En pleno boom inmobiliario no se podían permitir renunciar a lucrativos negocios.
Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid hubiese sido el que resultó de las urnas, los poderes políticos y empresariales no hubiesen entrado en la dinámica de las concesiones, las recalificaciones, las comisiones, y todo lo sucedido hasta convertirse en una “organización para delinquir”; palabras textuales de una sentencia judicial que salió quince años después, y que le costó al Gobierno de Mariano Rajoy una moción de censura para echarlos del poder. Ejecutor o no, el Partido Popular fue la primera víctima de la mayor tropelía ejecutada en democracia.
Julio García-Casarrubios Sainz
