Respuesta pública
No hay que echar la culpa a la Sanidad Privada. La culpa es exclusiva de ese sector político que ha trabajado con empeño en recortar y privatizar servicios que corresponden exclusivamente a la Sanidad Pública. Y lo han hecho por razones ideológicas, -legítimas, aunque no compartidas-; el neoliberalismo que practica la derecha consiste en quitarle entidad a lo público para darle más poder a lo privado. Pero también lo hacen por razones de dudosa legitimidad; ayudan a los intereses de negocio de empresas a cambio de preparar el camino de la puerta giratoria.
La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la débil respuesta pública ante una grave crisis. Y más en Madrid que en otros lugares. ¡Qué casualidad! La comunidad donde más fieles han sido al “modelo aguirrista” de la privatización y los recortes. Los lógicos criterios economicistas de la sanidad privada han tenido una escasa incidencia en la respuesta a la crisis. Que una empresa privada cobre por hacer una prueba, es normal; tienen que hacer negocio. El fallo está en que la Pública no esté preparada para dar respuesta a una emergencia.
Lo privado está para hacer negocio; lo público está para dar respuestas eficaces a todos los ciudadanos. El fallo no está en que la empresa Quirón Prevenciones reciba 194.223 euros -de dinero público-, por dos médicos y veinte enfermeros durante tres meses. Ellos consideran que para ser rentable tienen que cobrar unos 3.000 euros al mes por rastreador. El fallo, -si no es delito- está en que el Colegio de Médicos de Madrid haya facilitado al Gobierno Ayuso una lista de más de mil profesionales de la sanidad para hacer las labores de rastreo, y ni les han contestado.
El fallo no está en que en un mundo de libre mercado aparezcan empresas que quieran obtener rentabilidad a su inversión. El fallo está en que un partido político, que ha gobernado la Comunidad de Madrid durante 25 años, se haya dedicado a desmantelar la Sanidad Pública en beneficio de la Privada. Y lo siguen haciendo en plena pandemia: No han dispuesto los mil rastreadores que hacían falta desde hace cinco meses, y ahora, pagan por 22, a una empresa privada, con dinero de todos. A eso le llaman los listos “colaboración público-privada”. Los demás, o somos tontos, o somos rojos comunistas bolivarianos.
Julio García-Casarrubios Sainz
