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Vamos a empezar hablando de la asistencia sanitaria de la que todos y todas los y las ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho, según el artículo 43,1 y 2 de la Constitución Española, reconoce “el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones de servicios necesarios”. Fin del artículo.
Pues bien, a día de hoy, no se cumple ese derecho en la asistencia sanitaria pública, y, para ello, pongo algunos ejemplos.
Según esto, nuestro médico de atención primaria, por edad, o por tiempo transcurrido, es conveniente que nos derive al servicio de ginecología. Pues no. Una revisión periódica por cumplir los cincuenta años o haber transcurrido un tiempo considerable desde la ultima asistencia a esta especialidad, no son motivos suficientes para su derivación.
La presidenta María Dolores de Cospedal, eliminó este derecho a todas las mujeres de Castilla-La Mancha, sin embargo, los siguientes gobiernos socialistas no lo han implantado de nuevo. Es decir, que si quiero que me reconozca un o una ginecólogo o ginecóloga, me tengo que ir a consultas privadas. No soy de MUFACE, con lo cual, tengo que pagar 120 euros por la consulta. ¿me quedo sin una revisión médica, tan necesaria? ¿le puedo pasar el gasto a la seguridad social? No, me aguanto y pago, así me quedo más tranquila de que estoy bien. y, los ginecólogos o ginecólogas se están forrando a costa de nuestras necesidades sanitarias.
Otro ejemplo que puedo poner es una derivación a dermatología. Tampoco es posible esa consulta porque no estás lo suficientemente mal para que te den cita. Tienes que ir con la cara hinchada para que te pueda ver ese profesional. Total, que también, si quiero que me vean en esta especialidad, tengo que ir a las consultas privadas. Otros 120 euros a abonar a “tocateja” para que te den un diagnóstico y un tratamiento para tu enfermedad.
Por eso, yo quiero saber, si la Constitución establece este derecho, a ¿Quién tengo que reclamar? A Atención al paciente, supongo y suma y sigue, por no hablar de oftalmología, cuya cita puede esperar casi un año, y tienes la tensión del ojo elevada, glaucoma, y hay antecedentes familiares y la tienes elevada, también hay que acudir a la asistencia privada, pagar otros 120 euros para el diagnóstico y el tratamiento necesario. Y, quien no tenga dinero para ello, ¿qué pueden hacer?
Y, podemos seguir hablando de neurología, otra especialidad médica difícil de acudir y no podemos terminar hablando de salud mental, porque ahí te aburres esperando, aunque la primera cita, es verdad, la dan con prontitud, las siguientes son más espaciadas en el tiempo.
Y, me remito de nuevo a la Constitución Española. Por eso, entiendo que los pacientes y familiares de MUFACE sigan requiriendo su asistencia sanitaria, aunque tengan que pagar cada mes una cuota, porque todo es diferente.
Las citas las dan con prontitud, las pruebas las realizan en quince días más o menos y los resultados al poco tiempo con tu médico de referencia.
Todos los políticos, todos, insisten en que nuestros impuestos van destinados a educación y sanidad, pero yo no veo, que esto se cumpla. Ya sabemos que hay falta de profesionales. Y se van de España. Mejora las condiciones laborales y económicas a los sanitarios y seguro que se quedan en nuestro país. Así mejoraría la asistencia sanitaria, y, podría seguir hablando de traumatología, etc. Nada funciona bien. ninguna especialidad, por no hablar de los MAP, que no quieren ser médicos de referencia familiar.
Y, entonces la ministra de Hacienda quiere condonar 17.000 mil millones de euros a Cataluña porque se lo pidió Esquerra republicana. Mil millones de euros más que los que pidió Oriol Junqueras y se ríe por ello. Le van a sacar a Pedro lo que no está escrito por siete votos. Entonces, continúa comentando que condona al resto de comunidades 66.000 mil millones a repartir entre 16 comunidades autónomas. Mucho menos que van a dar a Cataluña. Y se plantea el partido popular votar en contra. Pero claro, los ciudadanos, como dice la portavoz del gobierno, “condena a los ciudadanos a mantener esa deuda”. Puro chantaje. Tienen la lección muy aprendida. Y nos tocará a todos los españoles pagar el despilfarro económico de los catalanes.
Y, no quiero olvidarme del fiscal general del Estado. El juez que lleva el caso comenta que ha borrado deliberadamente, los mensajes referentes a la investigación de los problemas con hacienda de la pareja de Ayuso. Qué le vamos a hacer. Aquí nadie dimite. En otros países democráticos esto no pasaría.
