Tristeza y aborrecimiento de la política española son los sentimientos que logro deducir tras pensar en que el PSOE, aun habiendo perdido en cantidad de votos después de las pasadas elecciones convocadas el domingo 23 de julio de 2023, no acepte su derrota y prefiera establecer otro “Gobierno Frankenstein”, al pactar con los comunistas nacionales (Sumar y Unidas Podemos); nacionalistas centrífugos catalanes tanto republicanos de extrema izquierda (ERC) como conservadores xenófobos de extrema derecha (Junts per Catalunya), cuyas postulaciones políticas son, irrevocablemente, contradictorias, salvo por una causa en común, esto es, lograr la independencia de su región o, más bien, conseguir modificaciones fiscales que beneficien a dicha Comunidad Autónoma con respecto a las demás, violando, así, el artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”; separatistas vascos tanto descendientes de organizaciones terroristas nacionalistas, esto es, ETA (Euskadi Ta Askatasuna; País Vasco y Libertad), que son, asimismo, republicanos de extrema izquierda (EH Bildu) como nacionalistas liberales demócrata cristianos de derechas (PNV), que, además, presentan incompatibilidades ideológicas entre sí, como en el anterior caso; y los nacionalistas gallegos izquierdistas (BNG). Y todo ello no incondicionalmente, sino con exigencias por parte de los que han prometido ser sus socios de gobierno, tales como la reducción de la jornada laboral y el encarecimiento del despido (Yolanda Díaz), el traslado de la autopista AP-9 a Galicia (Néstor Rego), el “retoque” de la Ley de Vivienda (Aitor Esteban), la finalización del déficit fiscal en Cataluña (Gabriel Rufián), y la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación (Gobierno y ERC), peticiones que ya han sido avaladas por el Tribunal Supremo. Por tanto, como hemos podido observar en estas elecciones, el pueblo no tiene poder sobre su Gobierno, puesto que, aunque el PP haya obtenido más votos que su opositor por excelencia, no puede ejercer lo que, en condiciones de Estado de derecho, los ciudadanos han escogido.
La solución más conveniente sería, dado que nuestro sistema de elecciones impide gobernar a quien, aunque victorioso, no alcance la mayoría absoluta de 176 diputados en el congreso, y sobre todo tras la implacable victoria obtenida por parte del PP respecto con la humillante derrota del PSOE las pasadas elecciones europeas, que, si Pedro Sánchez pudiese contemplar todavía una mínima noción sobre el significado de dignidad, habría de hallarse dispuesto a convocar unas nuevas elecciones nacionales, tal y como Emmanuel Macron decidió en Francia después del aplastante éxito del partido de Marine Le Pen, Ressemblement National, procediendo a la fijación del 30 de junio y 7 de julio de este mismo año para la celebración de nuevas elecciones legislativas, que no presidenciales, por lo que, la trampa se encuentra en que, aunque otro partido gane las elecciones, él continuaría posicionándose como Presidente de la República, para las que, por cierto, se ha aliado junto con los demás partidos de izquierda franceses como único bloque utilizando como pretexto, con objeto de infundir terror en el pueblo galo, la peligrosidad de la llegada de la "extrema derecha" en Francia. No obstante, la raíz del problema se localiza en que el sistema electoral parlamentario, que es el español, se fundamenta en la mayoría absoluta, es decir, puede llevarse a cabo el pacto para llegar a ella, incluso si presenta incongruencias; mientras que, en el caso francés, el sistema presidencial es de dos vueltas, esto es, los partidos con más votaciones en la primera serán los que se postulen a la segunda, así no se da lugar a posibles pactos inconsistentes.
Por ende, aquel pensamiento generalizado entre los ciudadanos de que escogemos libremente al Presidente del Gobierno es erróneo puesto que, ciertamente, es el rey quien, primeramente, hace una propuesta de nombramiento de un representante que designan los diputados en los que, previamente, hemos depositado nuestra confianza. Consecuentemente, se lleva a cabo la investidura en el Congreso de los Diputados, cuyas especificaciones están recogidas en el artículo 99 de la Constitución; si el candidato no consigue una mayoría absoluta, tras cuarenta y ocho horas se procede a la convocatoria de unas nuevas votaciones en las que es necesaria una mayoría simple. Finalmente, se ejecuta el nombramiento por parte del rey.
Como tesis final, permítanme hacer alusión al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo ante un panorama de degradación sistemática de la realidad nacional que permite la polarización social en un mundo donde predomina el adocenamiento antes que el perfeccionamiento del sistema. A Pedro Sánchez le queda poco tiempo en su carrera política, sobre todo con la investigación en manos de la Audiencia Provincial madrileña de su esposa, Begoña Gómez, a causa de un presunto tráfico de influencias a través de la fundación con la que colaboraba, IE Africa Center, para salvar a la aerolínea Air Europa, mas no olvidemos que no por ello las desavenencias actuales desaparecerán, sino que nos mantendremos sometidos bajo la dominación de nuevas élites políticas.
Luis Fernando Megía Barchino