La Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias refuerza el carácter solidario y progresivo del sistema fiscal regional

La Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha de 2023, que hoy se debate y vota en el Parlamento autonómico, tiene como principales objetivos reforzar el carácter solidario y progresivo del sistema fiscal regional, dinamizar la economía e incrementar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos dependientes de la Junta de Comunidades, “con un impacto directo en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía”.

 
 
Así lo ha destacado hoy el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el pleno de las Cortes, donde ha recordado que esta norma -conocida como Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2023- incluye el paquete de deducciones fiscales anunciado por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate del Estado de la Región, junto a otras medidas relacionadas con el ámbito administrativo y financiero, “para garantizar un funcionamiento más eficiente de la Administración regional”.
 
 
Ruiz Molina ha explicado que estas deducciones fiscales tienen “dos objetivos fundamentales: por un lado, favorecer a las familias y proteger a las rentas medias y más bajas frente a los efectos de la inflación; y, por otro, fomentar la inversión empresarial”.
 
 
“Un bloque de medidas extraordinarias que permitirá aliviar la situación del 87 por ciento de los contribuyentes y familias de la región y que suponen un coste estimado de 85 millones de euros que ya están contemplados como beneficios fiscales en la Ley de Presupuestos de 2023”, ha continuado el consejero, quien ha precisado que entrarán en vigor con efectos retroactivos y que se podrán hacer efectivas en la campaña de la renta de 2022, a partir del mes de abril.
 
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha hecho hincapié en que estas deducciones se suman a las aprobadas el año pasado en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha de 2022, así como a las aprobadas en 2016, especialmente en materia de tasas, con la eliminación de 68.
 
 
De esta forma, y como ha resaltado Ruiz Molina, “no solo cumplimos el compromiso que el presidente García-Page adquirió en 2015 con los agentes sociales de mantener congelada la presión fiscal en Castilla-La Mancha, sino que hemos acometido un importante conjunto de medidas tributarias para reducir el esfuerzo fiscal de nuestros ciudadanos, lo que nos permite seguir siendo una de las comunidades autónomas con la presión fiscal más baja de España”.
 
 
Seis deducciones fiscales
 
 
El consejero ha detallado que son seis las nuevas deducciones fiscales, de las que cuatro están dirigidas a las familias. En primer lugar, ha hecho alusión a una nueva deducción por la adquisición de bienes y servicios que integran la cesta de la compra a la que se refiere el INE. Esta deducción será de 200 euros para bases imponibles inferiores a 12.500 euros y se incrementará en 50 euros por cada hijo o descendiente a cargo del contribuyente; de 150 euros para bases imponibles inferiores a 21.000 euros, con un aumento de 37,5 euros por cada hijo o descendiente; y de 100 euros para bases imponibles inferiores a 30.000 euros, incrementándose en 25 euros por cada hijo o descendiente.
 
 
Además, se duplica la deducción por gastos de guardería del 15 al 30 por ciento, aumentando los límites de 250 a 500 euros. Asimismo, se incrementa la deducción ya existente para la adquisición de libros de texto y enseñanzas de idiomas, ampliándose a todos los niveles educativos, y se incorporan nuevos conceptos relacionados con los gastos en educación, como las clases de refuerzo o los gastos de estudio y residencia de los hijos fuera del municipio de residencia de la unidad familiar.
 
 
Igualmente, se establece una nueva deducción en la cuota íntegra del IRPF a menores de 40 años con rentas inferiores de hasta 36.000 euros para compensar el incremento del tipo de interés de los préstamos hipotecarios concertados a tipos de interés variable, relacionados con la adquisición de la primera vivienda habitual.
 
 
El proyecto de Ley también recoge otras dos medidas relacionadas con la actividad económica. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que se trata de una deducción de un 20 por ciento, con un límite de 4.000 euros, bien por la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital; o bien, por inversión en entidades de economía social.
 
 
Medidas financieras y administrativas
 
 
Ruiz Molina se ha referido, asimismo, a las medidas financieras recogidas en esta norma y ha dicho que se modifican diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha “con el objetivo fundamental de agilizar y simplificar los procedimientos de ejecución presupuestaria, a fin de mejorar la gestión administrativa de los recursos públicos dependientes de la Junta de Comunidades sin disminuir, en ningún caso, los mecanismos de control interno de la actividad económica de la Administración regional”.
 
 
En este punto, ha matizado que unos 200.000 documentos contables serán sustituidos por apuntes contables electrónicos, “lo que redundará en una reducción de los tiempos de tramitación de los expedientes, facilitando la ejecución de los fondos Next Generation”, ha apuntado el consejero.
 
 
En cuanto a las medidas administrativas, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto el acento en que se amplía el número de mujeres beneficiarias de las ayudas directas a las víctimas de violencia de género, eliminando el requisito de que deban ser calificadas de graves las lesiones, secuelas o daños físicos o psicológicos sufridos e incluyendo la necesidad de que se trate de mujeres con escasos recursos económicos.
 
 
Del mismo modo, ha destacado que se modifica la Ley de Lucha contra la Despoblación para permitir que puedan beneficiarse de las medidas recogidas en esta norma “pionera en España” los municipios de las zonas rurales con predominio de la actividad agrícola y con población inferior a 2.000 habitantes que hayan perdido población durante los últimos cinco años.