El grupo municipal popular exige que se cumpla la legalidad en los convenios urbanísticos que aprueba el gobierno de Jesús Martín
Aunque desde el Partido Popular de Valdepeñas siempre se ha tenido claro que la ampliación del Colegio Lorenzo Medina, de la calle Bataneros es una necesidad evidente, nadie puede pedirnos que como representantes públicos nos convirtamos en cómplices de lo que parece ser un convenio urbanístico en la que la ciudadanía valdepeñera es la perjudicada.
Convenio urbanístico que podría ser el resultado de la comida que mantuvieron el alcalde y el portavoz del gobierno, con el promotor de la obra que regula el convenio, para supuestamente negociar con él las condiciones, comida que hemos pagado los valdepeñeros, y que nos ha costado 171,53€ según consta en la relación de facturas de intervención. Es decir, no solo es que el Ayuntamiento ponga el dinero, sino que además invitamos a comer al beneficiado.
El decreto de Alcaldía por el que se aprobaba el convenio fue llevado al pleno del mes de diciembre para su ratificación, dicho convenio iba acompañado de un informe donde la Secretaría general, la máxima autoridad jurídica en el ayuntamiento, indicaba que el convenio no reunía los requisitos de legalidad necesarios para llevarlo a cabo, ante este informe este grupo municipal no tuvo más remedio que oponerse para salvaguardar los intereses de los valdepeñeros. En palabras de Cándida Tercero, la portavoz del grupo municipal popular: “Ya tenemos la desagradable experiencia de numerosos temas en esta legislatura que están judicializados por posibles actos nulos, es decir, porque los trámites se han hecho mal”.
Para que los ciudadanos lo conozcan, el informe de la secretaría general expone literalmente entre otras cuestiones, lo siguiente:
(…)Punto CUARTO:
“La descripción de las contraprestaciones pone de manifiesto que no se encuentran valoradas económicamente, por lo que, desde el punto de vista patrimonial, será preciso que se realice la valoración correspondiente a la cesión -que no a la transmisión del dominio-. Así como también proceder a la valoración de la prestación de hacer consistente en la ejecución del cierre perimetral del solar.
Dicha valoración económica resulta indispensable para una mínima tramitación del correspondiente procedimiento en orden a la intervención y fiscalización previa de los actos de índole económica que se desprenden de la ejecución del convenio.”
Punto QUINTO:
“Asimismo, el convenio tampoco establece un plazo de ejecución, por lo que su carácter abierto obliga necesariamente a la concreción de plazos de ejecución.” (…)
Como se puede apreciar, la Secretaría general del ayuntamiento de Valdepeñas deja claro que hasta que no se concrete la valoración de contraprestaciones que debe obtener el ayuntamiento, el convenio no se atiene a la legalidad establecida.
El Grupo Municipal Popular hubiera votado a favor, si el convenio no adoleciera de los defectos legales que en el informe se detallan. Por parte del equipo de gobierno, hubiera sido tan fácil, como teniendo constancia de los defectos, haberlo solventado. En ese sentido conviene recordar que todos los corporativos que votaron a favor del convenio son responsables ante la ley en caso de que se haya cometido alguna ilegalidad.
El Partido Popular de Valdepeñas, pone a disposición de cualquier ciudadano dicho convenio, y dicho informe, puesto que es público, para que pueda comprobar que lo que en esta nota se dice es cierto.
Nuestro único fin es ejercer con lealtad cívica nuestra labor de oposición, fiscalizando y apoyando las iniciativas legales y bien ejecutadas que se llevan a cabo desde este Ayuntamiento, para que en un futuro no nos tengamos que enfrentar a otros actos nulos, algo a lo que, insistimos, nos tiene acostumbrados este equipo de gobierno.
