IU asegura que "al Ayuntamiento le costarán unos 155.000 euros las dos amortizaciones ilegales aprobadas en 2016"
"Han sido 155.000 euros, y estamos hablando a la baja porque no tenemos toda la documentación, lo que ha tenido que pagar el Ayuntamiento de Valdepeñas por las dos amortizaciones ilegales de plazas que se produjeron el 15 de enero de 2016 y que se aprobaron en Pleno con el único voto a favor del grupo socialista y los votos en contra del resto de grupos de la oposición". Así lo ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Alberto Parrilla, quien se ha disculpado con los ciudadanos de Valdepeñas porque se comprometió a dar todos los datos sobre la amortización de la plaza de delineante, cuya trabajadora ha sido readmitida por el Ayuntamiento, "pero no hemos podido porque lo que hemos solicitado al Consistorio no nos lo han facilitado, la transparencia brilla por su ausencia y nos hemos encontrado un muro infranqueable de opacidad".
No obstante, según Parrilla, "comparando facturas y buscando datos, tenemos claros varios gastos". Así, en cuanto a la amortización de la plaza de delineante, según IU, el Ayuntamiento "ha tenido que pagar al bufete de abogados Sagardoy un total de 12.625 euros +IVA, es decir, unos 15.000 euros; por un informe pericial encargado a este bufete de abogados para presentarlo ante el Tribunal Superior de Justicia, 6.500 euros+IVA; la indemnización a la trabajadora asciende a 23.531 euros; en abonos de salario de tramitación durante el tiempo que estuvo sin trabajar, 77.658 euros; en gastos de Seguridad Social, 8.466 euros; y las costas de tribunales, que no las sabemos todas, pero sí que hay 500 euros que tuvieron que pagar al Tribunal Supremo que lo impuso en su fallo al no llevar a trámite el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento; en total, son más de 133.000 euros".
Además, desde IU han sumado lo que ha tenido que pagar el Consistorio por la amortización de la otra plaza, de encargado del Punto Limpio, que también se aprobó en Pleno en 2016 y que ya fue readmitido. "En concepto de indemnizaciones al trabajador, 9.072 euros; 8.023 euros en salario de tramitación; y 4.840 euros en concepto de pago al bufete de abogados, a lo que habría que sumar las costas que no las sabemos, por lo que este proceso se va a casi 22.000 euros", según ha indicado Parrilla.
Igualmente, el portavoz de IU ha lamentado que los dos últimos Plenos celebrados en Valdepeñas "sean cada vez más vergonzosos, cada vez deriva están cogiendo una deriva más autoritaria, se nos expulsa, se nos corta el micro, se nos insulta, si decimos algo que es real se intenta contestar con falacias o medias verdades", según ha apuntado Parrilla, quien ha recordado que en el pasado Pleno el alcalde, Jesús Martín, le llamó "maleducado" y dijo que "no estaba para niñerías, haciendo referencia a mi edad".
Además, lamenta Parrilla, "ahora también nos viene con amenazas para denunciarnos". No obstante, ha asegurado, "que le quede claro a la ciudadanía que vamos a seguir defendiendo nuestros argumentos y no nos va a amedrentar".
Por su parte, Juana Caro, concejala de IU, ha lamentado que en el Pleno de marzo "no fuera posible hacer una moción conjunta de apoyo al 8M como se ha hecho en otros ayuntamientos". Así, ha recordado que IU la preentó en comisión informativa, donde fue rechazada, y la quisieron incorporar como punto de urgencia en el Pleno, "pero es el alcalde el que decide el orden del día del Pleno y decidió que no se incluyera", ha criticado Caro, quien ha añadido que "se nos impidió debatir la moción y eso de democracia tiene poco".
Así, la concejala de IU ha explicado que en la moción pedían que se apoyaran acciones de reivindicación en torno al Día de la Mujer, que se enarbolara la bandera feminista en algún lugar visible de la localidad, que el Plan Corresponsable mejorara su cobertura, que se reforzaran los recursos económicos y humanos para políticas de igualdad en especial destinados a mujeres migrantes, que se elaborara un informe de impacto de género, que se incluyan cláusulas de condiciones sociales de género en los contratos públicos que obliguen a las empresas a contar con planes de igualdad, o que se aboliera la prostitución. "Entiendo que la ultraderecha no quiera votar una moción así pero no entendemos la actitud del Equipo de Gobierno; es bochornoso, porque la pandemia ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar y no podemos retroceder ni callarnos como fuerzas políticas", ha apuntado Caro.
