El grupo municipal popular vuelve a lamentar que el Equipo de Gobierno haya rechazado las mociones que han presentado para el Pleno de octubre

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Mociones que apoyan a la hostelería y al turismo, que apuestan por mejorar la atención primaria en Valdepeñas o que defienden la propiedad privada en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas son las que el grupo municipal popular ha presentado para su debate en el Pleno ordinario de octubre en el Ayuntamiento de la localidad, algo que no será posible ya que han sido rechazadas en comisión informativa por parte del Equipo de Gobierno, tal y como ha denunciado su portavoz, Cándida Tercero.


Entre estas mociones destaca la que apuesta por el fomento y la mejora de la atención primaria en Valdepeñas, que se está viendo en una situación cada vez más delicada debido a la pandemia de coronavirus. "Desde el Partido Popular se pone sobre la mesa la necesidad de aumentar la plantilla de profesionales como los de enfermería, así como un refuerzo de la actividad asistencial dotando de medios y capacidad resolutiva a la atención primaria", según Tercero.


En este sentido, a través de esta moción, los populares instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a poner en marcha la oficina de atención de víctimas del Covid en Valdepeñas "porque hemos detectado que hay personas que tienen la enfermedad y se sienten desatendidos". Además, la moción plantea incrementar la plantilla de profesionales en atención primaria, reforzar el área de microbiología del hospital con recursos humanos y técnicos, reforzar el servicio de pediatría en el Centro de Salud 1, mejorar las instalaciones del Centro de Salud 1, crear una atención sanitaria integrada en los Servicios Sociales que permita trabajar coordinadamente a técnicos de salud pública y de vigilancia epidemiológica, que permita una mejor toma de decisiones, crear la figura del enfermero escolar y reducir la ratio en atención primaria.


Por otro lado, el grupo municipal popular ha presentado una moción de apoyo a la hostelería y al turismo, que representan el 12% del PIB en España, movilizando 150 mil millones de euros y dando empleo a 2,5 millones de personas. Con esta moción, los concejales del PP instan al Gobierno de España a la extensión de los ERTES hasta el 31 de marzo, la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social a negocios con apertura parcial y la exoneración del 100% a negocios con cierre total, la cuota cero ante ingresos cero para autónomos, la recuperación de la percepción extraordinaria por cese de los autónomos en caso de cierre o pérdidas autónomas delegada a las mutuas, la aplicación del IVA superreducido al sector, aumentar a uno o dos años la carencia de los fondos ICO a autónomos y pymes, y poner en marcha un plan de choque económico para salvar empleos y empresas, aplicar una bonificación fiscal en costes de arrendamientos y suministros, impuestos especiales, tasas municipales y autonómicas, un aplazamiento de las deudas tributarias y de la Seguridad social, sin necesidad de avales, y no culpabilizar a la hostelería en la transmisión del Covid-19. Y es que, según el PP, "hay ciertas campañas de culpabilización del sector y desde el PP estamos en contra de que hagan culpables de esta crisis, toda la sociedad debe apoyar a lo sectores que lo están pasando mal". También plantean instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a una mayor coordinación con las autoridades sanitarias escuchando al sector y evitando la improvisación y restricciones y prohibiciones de un día para otro.


Por último, piden apoyo y respaldo a todas las empresas del sector hostelero y turístico de nuestra localidad reconociendo el esfuerzo que están haciendo de mantenimiento de la actividad y del empleo en esta situación.


Y otra de las mociones presentadas por el grupo municipal popular tiene como objetivo el aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho a la propiedad privada y que condene la ocupación ilegal de viviendas, algo que ha crecido en un 58% y entre enero y junio 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo período del año anterior. Además, los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas de forma ilegal en España. Es por ello que "es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan protegerse en un vacío legal además de luchar contra las mafias que hacen de la ocupación ilegal su negocio", según Tercero.