El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza un decálogo de medidas para mitigar el impacto del coronavirus en el tejido empresarial de la región

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El Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales han mantenido una reunión en el día de hoy en la que han puesto sobre la mesa diferentes iniciativas en materia económica y empresarial que elevar al grupo de trabajo intercomunitario para reducir el impacto directo del coronavirus en la economía. En la reunión, mantenida por el presidente regional, Emiliano García-Page, y los líderes de la patronal castellano-manchega y de los sindicatos CCOO y UGT en la región, el Ejecutivo autonómico ha avanzado también el decálogo de medidas de índole regional destinadas a mitigar el impacto directo del coronavirus en el tejido empresarial y en el empleo y que tomará mañana en consideración el Consejo de Gobierno.

 
En concreto, incluye actuaciones como la flexibilización administrativa en los planes de empleo en vigor en la región, la agilización en la tramitación de los expedientes temporales de empleo; el impulso a la inversión empresarial a través de la ampliación de la línea de Adelante Inversión en el marco del Plan Adelante o la flexibilización en los requisitos para el mantenimiento de las ayudas.
 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido una reunión de manera telemática con el presidente de Cecam, Ángel Nicolás; el responsable regional de CCOO, Paco de la Rosa; y la responsable de la gestora de UGT en Castilla-La Mancha, Amparo Burgueño. En ese encuentro, en el que también ha participado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto con los consejeros de Sanidad y Hacienda y Administraciones Públicas, Jesús Fernández y Juan Alfonso Ruiz Molina, respectivamente; el Gobierno regional y agentes sociales han evaluado algunas de las propuestas que Castilla-La Mancha elevará al grupo de trabajo interterritorial para su implementación en el conjunto del país, o bien como refuerzo de la estrategia económica que el Ejecutivo central va a empezar a dibujar hoy para atajar el impacto del coronavirus en la economía, medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros de hoy y que pasan, tal y como se ha conocido estos días, por impulsar el crédito a las empresas y facilitar los expedientes de regulación temporal de empleo. A este esfuerzo contribuirá el Ejecutivo autonómico con un primer decálogo de actuaciones que irá mañana al Consejo de Gobierno.
 
En este sentido, y como refuerzo a una de esas medidas de calado nacional, la que persigue agilizar la puesta en marcha de expedientes temporales de empleo por parte de las empresas de los sectores más afectados por el impacto del coronavirus, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha anunciado que ha tomado las medidas oportunas para agilizar la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo, cuyo acortamiento en los plazos administrativos debate hoy el Consejo de Ministros en todo el país, a través de formularios de fácil cumplimentación y de un procedimiento telemático que pretende contribuir a la reducción de los trámites para la puesta en marcha de los ERTE por fuerza mayor, cuyo impulso han reclamado tanto la patronal como los sindicatos para evitar al máximo los despidos.
 
El Gobierno regional prepara así el proceso para responder de forma ágil a la presentación de estos expedientes por parte de las empresas en la región para acometer el cese de actividad derivado del estado de alarma que se decretó para el conjunto del país en la medianoche del pasado domingo. “Por el momento se encuentran en tramitación medio centenar de estos expedientes para alrededor de 540 trabajadores”, ha detallado la consejera, que ha reconocido que esperan que el número crezca de manera significativa en poco tiempo cuando se apruebe la presumible flexibilización de los plazos de los ERTE por parte del Consejo de Ministros.
 
Patricia Franco ha explicado además que el Ejecutivo autonómico ha comunicado a las entidades participantes en los dos planes de empleo que están en vigor en la región, el Plan de Empleo Regional y el Plan por el Empleo en la Igualdad, la suspensión de los plazos administrativos que se establecen en ambos planes. “Esta medida se implementa para aquellos que habían iniciado o estaban a punto de iniciar los procesos selectivos para estas contrataciones”, ha explicado la consejera, que ha detallado que de los 7.751 contratos que comprende el Plan de Empleo regional “se nos han comunicado ya 2.832 contrataciones, el 36 por ciento, y en el caso del Plan por el Empleo en la Igualdad se han comunicado 448 de los 665 concedidos, el 65 por ciento”. En aquellos casos en los que las contrataciones han sido ya iniciadas, “vamos a ampliar los plazos de ejecución de los proyectos aprobados”. Estas dos alternativas no se activarán de manera automática y deberán ser los responsables de las contrataciones, ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, los que soliciten su puesta en marcha.
 
“Además, vamos a flexibilizar todo lo posible la opción a los centros que imparten los cursos reglados de Formación Profesional para el Empleo para que puedan impartir las enseñanzas a través de la teleformación en todos aquellos casos en que sea posible, para que no tengan que detener del todo la enseñanza que hoy día cursan más de 10.000 alumnos”, ha explicado Patricia Franco, que también ha avanzado que por parte de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se van a flexibilizar los plazos y las ayudas en todas sus modalidades. 
 
Junto a estas medidas, que se pondrán en marcha de manera inmediata, “estamos trabajando para desarrollar actuaciones y programas de ayuda que permitan paliar los efectos del coronavirus en la economía regional y en la actividad de las empresas”, ayudas que harán hincapié “en aquellas que tienen una especial incidencia directa en el empleo y en la actividad de las empresas”. Dentro de estas ayudas, Patricia Franco ha adelantado el incremento de la cuantía destinada a las ayudas Adelante Inversión en su convocatoria de 2019 hasta los 25 millones de euros, “para que el importe adicional pueda servir para no dejar fuera ningún proyecto susceptible de acometer una inversión empresarial necesaria tras la crisis”, ha dicho la consejera. De manera conjunta a estas medidas, el Ejecutivo estudia también la revisión de los criterios de las ayudas en vigor en apartados como la innovación, la comercialización o la internacionalización para su flexibilización, con el fin de que la parálisis en la actividad que se produce en muchas de las beneficiarias con motivo del coronavirus no derive en la pérdida de la ayuda concedida. “No podemos gravar a las empresas con devoluciones de cobro en las ayudas que han solicitado”, ha remarcado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
 
Completan este primer decálogo de actuaciones la revisión de los conceptos subvencionables en todas las líneas de ayuda y estímulo a las empresas, para amplificar el impacto del apoyo a las empresas, “y modificar las propias líneas de trabajo que estábamos dibujando, adaptándolas a la realidad del tejido económico tras el impacto del coronavirus”, ha dicho Patricia Franco; reivindicar ante el Gobierno central la flexibilización de las ayudas procedentes de fondos europeos, tanto Feder como FSE, especialmente en lo concerniente al mantenimiento de los puestos de trabajo; intensificar las ayudas para los autónomos y figuras de economía social en la región; una moratoria en el pago de las cuotas de financiación concedida a las empresas y una línea de avales para activar el circulante en las pymes y autónomos; así como la puesta en marcha de un Cheque Exportador, dotado con 8.000 euros cada empresa, con un procedimiento simplificado para la puesta en marcha de planes adaptados de acción exterior una vez se recuperen los mercados internacionales.
 
Estas medidas, ha subrayado la consejera, “ha contado con el consenso de los agentes sociales”, a quienes ha agradecido “la mano tendida al Gobierno regional para impulsar la recuperación económica en el marco del Pacto por el Crecimiento y la Convergencia de Castilla-La Mancha”, un pacto de 3.700 millones de euros que se encontraba en fase de construcción y que, a raíz del impacto económico que se adivina tras de la llegada del coronavirus, “vamos a reformular por completo para poner en marcha las medidas necesarias para apoyar la recuperación tras esta crisis”, ha explicado Patricia Franco.
 
Además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha anunciado la disposición del sector del textil regional, en concreto en empresas de Talavera de la Reina y San Pablo de los Montes, para la fabricación de entre 20.000 y 30.000 mascarillas diarias con las que abastecer, a través del trabajo en red, a las autoridades sanitarias; una labor que ya se ha puesto en marcha gracias a la llegada de materia prima procedente de Asturias y que muestra “la solidaridad y la implicación del sector empresarial regional para colaborar con la crisis”.