Izquierda Unida denuncia que el contrato de las ambulancias no se está cumpliendo

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Ambulancia


Una de las primeras decisiones que tomó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el actual Gobierno regional fue la privatización del servicio de transporte sanitario terrestre en nuestra región, es decir, de nuestras ambulancias. Se privatizaron las ambulancias, los vehículos y la plantilla que los conduce y gestiona las incidencias laborales. Este derecho pasó a ser un servicio que el Gobierno consideró que debía ser gestionado para dar importantes beneficios a las empresas privadas que se quedarán con él.

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha expresado que: “Nosotros seguimos queriendo realizar una gestión directa de este derecho” a lo que han añadido que: “La Junta de Comunidades sacaba de los fondos de todos y todas 258 millones de euros para entregárselos a empresas privadas que gestionan un servicio que, con ese dinero, podía ser gestionado de forma directa”.

Además, han añadido que: “Parece que al Gobierno en ese momento le resultaba más cómodo entregárselo a empresas que gestionaran las vacaciones, las altas, las bajas, las incapacidades temporales del personal que trabaja en el servicio de ambulancias, antes que ser los responsables directos de esa gestión, sin pensar en el coste que supone, si no en el beneficio social al que la Junta debiera estar obligada a atender”.

La formación de izquierdas ha avisado: “Si la prioridad es la gestión de un negocio y no la de un derecho esencial ciudadano, nos encontramos con que sus trabajadores y trabajadoras han perdido condiciones laborales esenciales, trabajan más horas, en peores condiciones, con peores medios y con peores salarios, y dónde solo se asegura el beneficio industrial de las empresas que la Junta de Comunidades se encarga de mantener”.

Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha denuncian que este contrato siga manteniendo un negocio privado para la gestión de un derecho esencial y que se haga sin que el Gobierno regional, para más inri formado por el PSOE y Podemos de CLM, sea capaz de exigir que se cumpla en todos sus términos, de manera que garantice, al menos, que se cumpla escrupulosamente con las condiciones exigidas en la adjudicación del contrato.