La Plataforma Ciudadana 'Sí a la Tierra Viva' advierte de la obligación que tiene el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, de devolver ya el documento de inicio para Estudio de Impacto Ambiental de la minería de 'tierras raras' en Castilla-La Mancha al órgano sustantivo (la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que dirige Patricia Franco), para que se proceda a su archivo. O bien, para que la empresa aclare de una vez por todas de dónde quiere obtener las grandes cantidades de agua que requiere esta actividad.
El pasado lunes, 11 de abril, el consejero admitió que ante las dudas planteadas sobre este gran proyecto minero "hay que contar con los ciudadanos que viven en el territorio”.
El Sr. Consejero, desde el mes de febrero tiene en la mesa de su departamento de Medio Ambiente un documento del Jefe de área de gestión medioambiental e hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Alto del Guadiana por el que “informan desfavorablemente la actuación” de la minería de tierras “raras” que solicita la empresa Quantum Minería S.L. en base a que:
Requieren un volumen de agua de 310.000 m3/año del embalse de la Cabezuela.
No hay recursos hídricos para satisfacer las demandas planteadas.
Las actuaciones planteadas en el Dominio Público Hidráulico no serían autorizables por el Organismo de la cuenca
Y El 17 de agosto del año 2015, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana denegó la concesión de aguas solicitada por Quantum Minería S.L, por incompatibilidad con el plan Hidrológico de cuenca.
El Sr. Martínez Arroyo sabe perfectamente que con el documento del Jefe de Área de Gestión Medioambiental e Hidrológica de la Confederación del Alto del Guadiana por el que “informan desfavorablemente la actuación” la única opción que le queda a su consejería es la devolver el trámite al Departamento de Minas para el inicio del estudio ambiental en el que la empresa promotora demuestra la disponibilidad de los volúmenes de agua que necesita para ese tipo de minería extensiva.
Por lo tanto, las condiciones de explotación que la empresa minera apuntó en sus proyectos para poder acceder a las autorizaciones han variado sensiblemente. No tienen agua para lavar el mineral y no tiene posibilidad de obtenerla ni de los embalses ni a través de pozos. El proyecto, en definitiva, es inviable tal y como se está tramitando.
Hay que recordar que estas actividades mineras de 'tierras raras' afectan a un terreno de alto valor agrícola y natural, y requerirían del aporte de entre 300.000 y 500.000 toneladas de agua que se emplearían en lavar el mineral. Estos recursos de suelo y agua serían consumidos por las empresas mineras en los términos municipales de Navas de Estena, Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alhambra, San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan Abad.
Claridad con la minería de 'tierras raras'
La denominada minería de 'tierras raras' está considerada como muy contaminante. Hay precedentes como la región de Baotou en China, donde los habitantes de la zona han tenido que ser evacuados por los serias consecuencias de las minas sobre la salud; o de Mountain Pass en Estados Unidos donde hubo una fuga de agua radioactiva.
Los proyectos mineros de 'tierras raras' generan graves peligros por contaminación de aguas, ruidos, polvo, contaminación lumínica, destrucción del entorno agrícola y natural, etc.
Desde 2013 (con el gobierno del PP) se han otorgado 10 permisos de investigación minera en Ciudad Real para determinar la concentración de 'tierras raras', en concreto de mineral de monacita, y poder explotarlo. Estos permisos afectan, hasta el momento, a cuatro de las cinco comarcas de la provincia, La Mancha, Los Montes de Toledo, Campo de Calatrava y Campo de Montiel. Algunos ayuntamientos ya han comenzado a denegar, recurrir y actuar contra estos permisos. Ha habido casos en los que la actividad minera ha comenzado de forma irregular, sin tener autorización municipal.
Las Denominaciones de Origen de Vino de Valdepeñas, de Aceite de Oliva y de Quesos ya han alertado sobre el peligro que para su actividad representa esta actividad minera.
El ecosistema de la zona también puede estar seriamente amenazado, por la afección con maquinaria, ruidos, polvo y consumo de suelo y agua, a ecosistemas de alto valor ambiental.
La Ley de Minas de 1973 implica que las propiedades de los vecinos pueden ser expropiadas automáticamente por el periodo en que se lleve a cabo la actividad minera. Los propietarios sólo tienen derecho a negociar con la empresa un precio de mercado o el “justi precio” de la expropiación.
Además, la actividad minera sólo paga en impuestos el 1% de sus beneficios, y esta cantidad la abona ante el Estado, nada para los municipios y nada para la comunidad autónoma.
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