El Equipo de Gobierno exigirá al Gobierno central eliminar de la Ley del IRPF la consideración de las costas de un proceso judicial como una ganancia patrimonial
El Equipo de Gobierno propondrá al resto de grupos políticos en el próximo Pleno extraordinario de agosto que exijan al Gobierno central que procedan a eliminar de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la consideración de las costas de un proceso judicial, cuando el litigante tenga la condición de consumidor o usuario, que pueda ser considerada como una ganancia patrimonial que les obligue a tributar. Así lo ha anunciado el portavoz del Equipo de Gobierno, Francisco Delgado, quien ha tachado la medida de una postura legítima y que viene del año 2013 cuando se puso de manifiesto el abuso de las entidades bancarias con los consumidores y usuarios en temas como el de las preferentes o las cláusulas suelo.
Precisamente en 2014 el Ayuntamiento de Valdepeñas contrató a un bufete de abogados para ponerlo a disposición de los ciudadanos que tuvieran problemas de cláusulas suelo, un servicio del que se beneficiaron 389 familias de la localidad. Algo que pudo ser evitado por el Gobierno central del Partido Popular, cuya "falta de sensibilidad", según Delgado, "obligó a que la mayoría de los ciudadanos tuvieran que litigar en defensa de sus derechos".
No obstante, en 2016, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, la Agencia Estatal Tributaria modifica su criterio fiscal en cuanto al tratamiento de las costas procesales generadas por los procedimientos judiciales, lo que dio lugar a que, además de obligar a los consumidores a ir a los tribunales para defender sus derechos de los abusos de las entidades bancarias, tuvieron que hacerse cargo de las costas, que son los honorarios de los abogados que éstos percibieron, y a partir de fijar ese criterio por parte de la Agencia Estatal Tributaria, se considera una ganancia patrimonial.
Así, Delgado ha criticado esta situación señalando que "una cosa es que haya un abuso por parte de las tiendades financieras y otra cosa es que permitamos desde una administración local que sea la administración pública la que persista en abusar de las personas afectadas".
