Calidad y protección, prioridades para una nueva cultura del agua

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Oigan, que hay vida más allá de Cataluña. Estábamos todos pendientes del 1 de Octubre, expectantes ante lo que pudiese ocurrir, al día “después de”, al día “en que podía empezar algo”. Y a lo largo de dos semanas se ha producido un coitus interruptus que seguro merece miles de comentarios. Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que en el Gobierno continúan Mariano Rajoy, el Partido Popular y sus políticas malsanas, por decirlo suavemente.


Aunque ha pasado desapercibido, la ministra de Agricultura, Alimentación y Pesca y Medio Ambiente reconocía esta semana en el Senado que si se mantiene la situación actual de sequía y escasez de lluvias, “probablemente” habrá que limitar el uso del agua a partir de 2018. Y aunque garantizaba que el abastecimiento está asegurado “hasta final de año”, el 30 de septiembre los castellanomanchegos no nos librábamos de desayunarnos un trasvase no aprobado, enmascarado tras la imagen de una “cesión de derechos entre regantes”, que supuso el cese del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo al negarse a ordenarlo por estar los embalses de cabecera por debajo de su exiguo límite legal mínimo (del que prefiero ahorrarme comentarios que superarían el espacio de este artículo).


La situación es grave, sin paliativos. El nuevo año hidrológico, que comenzó el 1 de Octubre, ha acumulado en su primera semana un déficit del 95% de lluvias por debajo del valor estándar, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): 1 litro por metro cuadrado cuando lo normal son 6. Son noticias que, a pesar de su trascendencia, han pasado estos días tan de puntillas por los medios de comunicación que cuesta encontrarlas entre la maraña de nacionalismos, independentismos y otros ismos.


Todo esto sucede tras un verano en el que la Directora General del Agua, Liana Ardiles, se ha estado reuniendo, por separado, con múltiples organizaciones (Asociación de Operadores de Agua; ingenieros; eléctricas, regantes, sindicatos,…) bajo el paraguas de un supuesto Pacto Nacional por el Agua del que desconocemos sus contenidos mínimos y del que sólo trascienden generalidades como el anunciar cuáles son los interlocutores. ¡Ni que las meras reuniones provocaran un consenso! Es deseable que de esto salga una fase de participación para el próximo ciclo de planificación hidrológica porque, me gustaría recordar, la ley, después de la trasposición de la Directiva Marco del Agua (DMA), prevé mecanismos de diálogo y participación abiertos y transparentes que partan de realidades y de asumir que un recurso sobreexplotado no puede protegerse.


En este punto conviene recordar varias cosas: la primera, que el próximo año está prevista la revisión de la DMA, y la segunda, que El Observatorio de Políticas de Agua (OPPA) de la Fundación Nueva Cultura del Agua abordó una evaluación del primer (2009-2015) y segundo ciclo (2015-2021) de planificación hidrológica en España, dando como resultado dos informes que reflejan un escaso nivel de cumplimiento de la DMA. Lo traigo aquí porque no quisiera que el supuesto “Pacto Nacional por el Agua” se usara como coartada para llevar a Europa una propuesta de modificación de la DMA a la baja, en lugar de trabajar en la aplicación de los planes hidrológicos actuales hacia un tercer ciclo hidrológico que de verdad persiga la recuperación de la calidad de nuestras masas de agua y las proteja tanto en términos cualitativos como cuantitativos para garantizar su sostenibilidad.


La historia de la planificación del agua en España es larga, pero su objetivo no ha sido la protección del recurso, sino principalmente el desarrollo del regadío. Lo que se ha realizado con los planes hidrológicos aprobados, de los que presume la ministra, es continuar con la planificación tradicional, empleando terminología y vocabulario de la DMA, pero evitando molestar a los lobbies agrarios. Sin embargo, una política del agua adaptada a nuestro tiempo requiere que la protección del recurso sea su objetivo, en línea con la DMA. Que el regadío sea considerado como una presión, no como la finalidad. Que anteponga el interés general de la sociedad y no ceda ante grupos de presión y lobbies de regantes. Además de su uso para regar, el agua aporta bienes económicos, sociales y ambientales que se ven seriamente dañados por la degradación y sobreexplotación.


Es importante, por tanto, poner el foco en lo que se está gestando. Abrir las puertas a la sociedad y a una nueva cultura del agua que permita priorizar y establecer necesidades reales y desarrollos económicos realizables. Y sobre todo, evitar un posible intercambio de cromos que contente al lobby de regantes a costa, una vez más, del interés general. Es imprescindible y urgente que otras gentes con otras ideas entren en el gobierno y puedan abordar la gestión del agua desde otra perspectiva.