El Gobierno regional ha incrementado un 21,6 por ciento la cobertura a familias de Castilla-La Mancha que reciben la renta mínima del IMS

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El Gobierno de Emiliano García-Page ha incrementado un 21,6 por ciento el número de familias que han recibido en 2016 el ingreso mínimo de solidaridad (IMS) respecto a 2014, “como medida de lucha contra pobreza en Castilla-La Mancha a través de una renta mínima”.


Así lo ha asegurado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que como dato comparativo ha señalado que las familias beneficiarias de IMS en 2014 fueron 2.528, mientras que en 2016 la cobertura a familias necesitadas a través de esa renta mínima se elevó a 3.074 familias.

Aurelia Sánchez ha recordado que el IMS se incrementó el 1 de julio de 2016 de 372 a 420 euros mensuales en Castilla-La Mancha, “situándose en la media del país”, y que el pasado 16 de febrero, el Consejo Asesor de Servicios Sociales de la región informó favorablemente sobre la ampliación del periodo de cobro de la renta mínima del ingreso mínimo de solidaridad en Castilla-La Mancha y ha recibido las aportaciones de los agentes y entidades sociales para “poner en marcha los mecanismos para garantizar la protección social de los que peor lo están pasando”.

Garantía de derecho a una prestación suficiente

Entre otros asuntos, el Consejo Asesor de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha mostraba su “apoyo a una renta mínima que garantice el derecho de toda persona a unas prestaciones suficientes para combatir la exclusión social”.

Respecto al IMS “mejorado”, Aurelia Sánchez ha anunciado que “no se suspenderá a los seis meses ni se agotará a los 24 meses máximos” como hasta ahora, sino que “dará cobertura a unidades familiares desprotegidas, sin ninguna prestación, con menores de 16 años a su cargo y se ampliará a mujeres víctima de violencia de género”.

Ha recordado que el Consejo Asesor de Servicios Sociales está formado por 41 miembros entre los que se encuentran las cuatro direcciones generales de la Consejería de Bienestar Social, las cinco diputaciones provinciales de la región, la Delegación del Gobierno, la FEMP, entidades sociales de discapacidad, mayores, menores y acción social, la patronal CECAM y los sindicatos, colegios profesionales y la Universidad de Castilla-La Mancha. 

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