El Gobierno regional profesionalizará el 90 por ciento del sector de la Dependencia gracias a los procesos de acreditación puestos en marcha

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El Gobierno regional profesionalizará el Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha casi en su totalidad. De hecho, se estima que cuando finalice el año este sector quede profesionalizado en un 90 por ciento, tal y como ha avanzado esta mañana el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado hoy.


El portavoz ha destacado que en lo que va de legislatura 2.970 personas que trabajan en este ámbito han obtenido una acreditación profesional, “cifra que, a final de año, llegará a las casi 5.000 personas”, y ha recordado que durante la anterior legislatura se convocaron dos procesos que no tuvieron presupuesto, algo que ha cambiado con el Ejecutivo de García-Page. “Es decir, Cospedal destinó cero euros a la profesionalización del Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha, mientras que nosotros destinamos 810.000 euros para que estas personas se pudieran acreditar”, ha remarcado.

Además, el Gobierno regional ha puesto en marcha 149 cursos de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a estas cualificaciones, tanto en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales como en ayuda a domicilio, para casi 2.500 alumnos y un presupuesto de 4.679.000 euros.

Asimismo, Hernando ha destacado que Castilla-La Mancha es “pionera” en poner en marcha el procedimiento extraordinario de Habilitación Excepcional para personas mayores de 55 años y sin estudios. “Reconocemos la experiencia en el sector de la Dependencia de estas personas trabajadoras que, de otro modo, no se podrían haber acogido a los procesos abiertos para la acreditación profesional”, ha señalado.

En este sentido, Hernando ha asegurado que estos procesos dotan de seguridad a un sector eminentemente femenino ya que “al tener estas personas reconocidas sus competencias laborales obtienen un título que hace que estas trabajadoras puedan integrarse en el mercado laboral de una forma más competitiva y con seguridad laboral y jurídica, puesto que con este reconocimiento se disminuye la falta de contratos de estas profesionales y saca su trabajo de la economía sumergida”.

Así, ha añadido, “estamos contribuyendo a profesionalizar el sector de la Dependencia” que, además de su importancia como uno de los pilares del Estado del Bienestar, es también un importante yacimiento de empleo en la región, donde las personas que trabajan son principalmente mujeres, por lo que “procurar un mayor grado de profesionalidad es también reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en la región”.

Las ayudas a la rehabilitación de viviendas crecerán un 59 por ciento

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases reguladoras para las nuevas Ayudas a la Rehabilitación Edificatoria, una vez que el Gobierno central ha autorizado la prórroga del Plan de Vivienda 2013-2016 y que el Ejecutivo de García-Page incrementará en un 59 por ciento pasando de los 11,3 millones de euros ejecutados en 2016 a los 18 millones de euros de presupuesto en 2017.

En 2016 estas ayudas, dirigidas tanto a comunidades de propietarios como a particulares que no superen 6,5 veces el IPREM, ya consideraron como colectivos prioritarios de las subvenciones en materia de accesibilidad a las personas con discapacidad y a los mayores de 65 años, aumentando la cuantía de la ayuda para ellos en hasta un 70 por ciento del total de la inversión realizada, pudiendo alcanzar los 7.500 euros. También se mantiene el incremento adicional de un diez por ciento si se trata de inmuebles con algún tipo de protección patrimonial.

En este punto, Hernando ha recordado que el Gobierno de Cospedal destinó “cero” euros a las ayudas para accesibilidad, mientras que en 2016 el Ejecutivo del presidente García-Page concedió 684 ayudas por valor de más de 9,5 millones de euros que han permitido suprimir barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en 5.305 viviendas de toda la región.

El portavoz ha lamentado que, a pesar de disponer de los fondos del Plan de Vivienda de 2013, Cospedal no convocó ninguna de estas subvenciones a la rehabilitación edificatoria en 2013, y en 2014 y 2015 apenas concedió ayudas por valor de 216.000 euros. Un dato que contrasta, ha subrayado, con los más de 11 millones de euros que se invirtieron en 2016 y que permitieron realizan obras de rehabilitación en 7.154 viviendas beneficiando a 21.000 personas.

El Gobierno regional estima que las ayudas concedidas el año pasado ayudaron a crear unos 500 puestos de trabajo gracias al impulso de la pequeña obra, “muy importante además en las zonas rurales y en un sector tan castigado como es el de la construcción”, ha destacado.

Tercera región que más rápido paga las facturas del sector sanitario

Por último, Hernando ha informado de la evolución del periodo medio de pago de las facturas del sector sanitario, que refleja que con el Gobierno del presidente García-Page la evolución del periodo medio de pago de las facturas del sector sanitario en Castilla-La Mancha ha bajado respecto a la legislatura de Cospedal.

Así, según los datos oficiales, se ha pasado de 36,52 días de media en noviembre del 2014 a 33,51 días en noviembre de 2015 y 19,83 días en noviembre de 2016 para pagar las facturas a los proveedores del sistema sanitario. Si se tiene en cuenta el dato agregado de todas las comunidades autónomas, que pagaron de media en 38,08 días, nuestra región abona las facturas sanitarias el doble de rápido que la media nacional.

“Esta mejora demuestra nuestra agilidad y eficacia en la gestión de las facturas de nuestros proveedores, así como nuestro compromiso de cumplimiento con la ortodoxia financiera y el mantenimiento de unas cuentas públicas saneadas”, ha subrayado el portavoz regional, que ha enmarcado este dato en la reducción del periodo medio a proveedores en general, que en noviembre de 2016 se situó en 18 días, siendo así la “medalla de bronce” entre las regiones con un menor periodo de pago, lejos de los 33 días de media de las comunidades autónomas. 

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