El Defensor del Pueblo insta en su informe anual a suspender la tramitación de los proyectos de tierras raras de Quantum Minería

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El Alto Comisionado pone de ejemplo los proyectos de la mercantil en Ciudad Real para advertir a la Junta de Castilla-La Mancha que "en decisiones de relevancia no se realiza una adecuada ponderación de todas las consideraciones ambientales, económicas y sociales que concurren".



El organismo dirigido por Soledad Becerril recuerda en su informe anual de 2016, en relación con el caso abierto en la institución (Expediente nº 16005376), iniciado tras la correspondiente queja de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, que "en relación con el megaproyecto minero de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real), se ha sugerido a la Vicepresidencia de la Junta de Castilla-La Mancha que suspenda la tramitación ambiental de los proyectos de explotación minera mientras no se resuelva el problema de falta de agua para acometerlos, en consonancia con lo informado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana acerca de la incompatibilidad de los proyectos con el Plan Hidrológico de Demarcación".



El Alto Comisionado también pone de manifiesto que el Plan Estratégico de Recursos Mineros No Energéticos de Castilla-La Mancha, aprobado en 2014, no contiene referencia alguna "a la explotación de las denominadas tierras raras", pese a que las solicitudes fueron presentadas en el año 2013, por lo que esta actividad extractiva "debería haberse incluído en el plan y sometido a evaluación estratégica junto con el resto de actividades mineras".



Para el Defensor, "esta evaluación resultaba esencial para lograr una justa salvaguarda, no sólo de los derechos mineros, sino también de los intereses generales que concurren, en este caso, los de protección ambiental y de ordenación urbanística y territorial" especialmente "si el agua debe ser detraída de otros usos a otras actividades económicas, con la consiguiente incidencia en el modelo de desarrollo de la Comarca del Campo de Montiel" al afectar a actividades como la agricultura y el turismo.



EL MAGRAMA YA ADVIRTIÓ DEL PROBLEMA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS



La Oficina del Defensor del Pueblo confirma así lo ya expuesto en su momento por otros organismos de relevancia, pues durante la fase de consultas previas fue el propio Ministerio de agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente el que afirmó que la documentación presentada por la empresa "no resuelve los problemas de abastecimiento de agua", que la denegación de concesión solicitada por el promotor por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana "es de gran importancia para valorar el impacto sobre los hábitats y especies ligadas al medio acuático" y que la alternativa de utilización de aguas subterráneas no es una opción viable pues "el acuífero subyacente, en el que existen pozos de extracción para abastecimiento de agua potable a las poblaciones locales y que se encuentra interconectado con ecosistesmas acuáticos superficiales, se corresponde con la unidad hidrogeológica 0406, que ha sido sobreexplotada", por lo que es probable "que existan ciertas incompatibilidades entre la explotación minera y el mantenimiento de reservas de agua potable y de hábitats acuáticos".



LAS CORTES REGIONALES SOLICITARON EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES



En el mismo sentido actuaron las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, que en su Resolución del pasado 19 de mayo afirmaron que los proyectos mineros de tierras raras que se pretenden acometer en la comarca del Campo de Montiel "condicionan el modelo de desarrollo económico, social y ambiental de esa zona", instando al Gobierno a "adoptar las medidas necesarias para que se proceda al archivo de las actuaciones mineras de tierras raras en Ciudad Real afectada por los informes negativos proporcionados por la Confederación Hidrográfica" y de igual modo, el pasado 2 de febrero donde el Pleno de las Cortes reiteró por mayoría absoluta la misma petición, por lo que no se entiende cómo los proyectos de Quantum Minería S.L. pueden haber continuado con su tramitación pese a las reiteradas excusas que desde el Gobierno autonómico se han puesto al respecto, sobre todo teniendo en cuenta la no existencia de informes jurídicos que avalen las tesis del Ejecutivo autonómico.

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