Cerca de 400 familias se han beneficiado del servicio jurídico municipal en relación a las cláusulas suelo

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Un total de 389 familias han sido atendidas hasta el momento en el servicio jurídico puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valdepeñas para defender los derechos de los ciudadanos en relación a las cláusulas suelo en sus hipotecas. Un instrumento que se aprobó en el Pleno de octubre de 2013 a propuesta del grupo municipal socialista y que fue pionero en el territorio nacional. Desde entonces, de esas 389 familias, que representan a una media de mil personas, se han dictado 23 sentencias favorables a los demandantes y hay 47 litigios en proceso de trámite pendientes de resolución. El resto, resolvieron el asunto de manera extrajudicial directamente con las entidades bancarias.


Así lo ha detallado el teniente de alcalde de Régimen Interior, Francisco Delgado, quien ha explicado que con la ayuda de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se ha estado reclamando también el importe de las cláusulas suelo anteriores a 2013, tal y como dictó la sentencia del Tribunal Supremo en 2015. Algo a lo que hay que sumar también la sentencia del Tribunal Europeo donde se añaden los gastos de constitución de la hipoteca, que también se pueden reclamar, por lo tanto. En este caso, según ha informado Delgado, "han pasado 200 escrituras por la OMIC, a los que se ha asesorado sobre la retribución de los gastos, pero las respuestas que han obtenido algunos de ellos han sido negativas por parte de las entidades bancarias, por lo que tendremos que ir a un proceso judicial".


Por otro lado, Delgado también ha anunciado que el Equipo de Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para reclamar los gastos del impuesto de plusvalía, ya que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha dictado la inconstitucionalidad de determinados preceptos de la ley de plusvalías. Para ello, el Consistorio, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha hecho una consulta a la Dirección General de Tributos para emita un comunicado sobre los efectos de esa sentencia en los ciudadanos y, cuando tenga el resultado de la consulta, pondrá en marcha los mecanismos necesarios para minimizar los efectos en los ciudadanos afectados.

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