Las medidas contra la corrupción se van abriendo paso

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Antiguo es el conocimiento de la corrupción como una lacra que ha perseguido nuestra sociedad desde el origen de los tiempos.

Para quienes hacemos de la opinión literaria un continuo hacer de denuncia contra la corrupción, luchamos contra la complicidad de ciertas gentes que a modo de “gens” creen tener el privilegio de descender de un antepasado encumbrado en la historia de la localidad, con los rasgos que definían el término en la antigua Roma y por lo tanto sometidos a la “potestas” (poder) del líder.

Pocos personajes históricos se “salvan de la quema corrupta”: Demóstenes llegó a ser acusado (¿imputado?) en 324 a.C. por “haberse quedado para sí del dinero y riquezas depositadas en la Acrópolis y obligado a huir”. Pericles aunque se conoció como el incorruptible, también fue acusado de especular en la construcción del Partenón…

Los poderosos romanos caminaban por la urbe seguidos por una clientela de aduladores en búsqueda de su “protección” y “commendatio” como fórmula de “enchufe” para conseguir trabajo.

Elementos que sin duda sirvieron para minar un imperio sumido en la decadencia…

Hablar de corrupción podría ser un atrevimiento del forastero que hace demasiados equilibrios en este mar de “lideres” locales.

Confiar en la concreción de medidas ya empleadas con éxito en otros países, me lleva a respaldar y valorar la iniciativa de Ciudadanos que trata de animar la capacidad de denunciar de los funcionarios y trabajadores públicos, sin miedo a ser represaliados, velando por la integridad de unos servicios que el Estado debe apuntalar garantizando seguridad y confidencialidad, e introduciendo en la legislación la “figura del enriquecimiento ilícito” desconocida hasta ahora en legítima desconfianza de muchos ciudadanos hacia sus próceres y policastros.

La propuesta de Ciudadanos también plantea la inelegibilidad y destitución de cargos electos y públicos que se encuentren encausados por corrupción, sin el abuso existente en una actualidad llena de excepciones y meras excusas que solo protegen a unos pocos “privilegiados” para convertir la responsabilidad política de todos en una obligación que no debe ser letra muerta en nuestra Constitución, favoreciendo a unos con justicia tibia, mientras a otros se les quita la libertad por delitos menores.

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