El Gobierno regional abordará durante este año la elaboración de la Ley de Garantías Ciudadanas

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El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará durante este año la elaboración de la Ley de Garantías Ciudadanas con el objetivo de “dotar de fuerza legal” al Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, incluido en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en 2017 y que cuenta con una dotación económica de algo más de 119 millones de euros.


El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha asistido hoy junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, a la reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales, ha informado de este Plan a los agentes y entidades sociales que lo integran. El objetivo es avanzar en el proceso de participación y consulta a los agentes sociales antes de ser remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha.

Tres ejes del Plan

El proyecto del Plan Integral de Garantías Ciudadanas está integrado por tres ejes o líneas programáticas: el Programa de Garantía Habitacional, para afrontar la insolvencia sobrevenida en materia de vivienda; el Programa de Garantía de Suministros Básicos del Hogar, para asegurar el acceso a la energía y agua a las personas en situación de pobreza severa; y el Programa de Garantía de Rentas, que contiene acciones para el acceso al empleo, a unos servicios de calidad en sanidad, educación y servicios sociales y el apoyo a la renta mínima que garantice el derecho de toda persona a unas prestaciones suficientes para combatir la exclusión social.

Desde la Consejería de Bienestar Social se aportan dos acciones fundamentales en el segundo y tercer eje: el Plan contra la pobreza energética y la versión mejorada del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). Del Plan contra la pobreza energética, destaca que aporta apoyo económico preventivo a los hogares, proporciona empoderamiento energético a los ciudadanos más vulnerables (asesoramiento) y actúa en situaciones de endeudamiento para prevenir cortes de suministro y reponer servicios.

En 2016 ha atendido a 31.109 personas, de ellas el 48 por ciento son menores, mediante 8.492 ayudas para el pago de suministros energéticos y 440 acciones para evitar cortes o reponer servicios.

Respecto al Ingreso Mínimo de Solidaridad mejorado, no se suspenderá a los seis meses ni se agotará a los 24 máximos como hasta ahora, y dará cobertura a unidades familiares desprotegidas, sin ninguna prestación, con menores de 16 años a su cargo y se ampliará a mujeres víctima de violencia de género.

Composición del Consejo

El Consejo Asesor de Servicios está formado por 41 miembros entre los que se encuentran las cuatro direcciones generales de la Consejería de Bienestar Social, las cinco diputaciones provinciales de la región, la Delegación del Gobierno, la FEMP, entidades sociales de discapacidad, mayores, menores y acción social, la patronal CECAM y los sindicatos, colegios profesionales y la Universidad de Castilla-La Mancha. 

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