El Gobierno de Castilla-La Mancha critica que el Ejecutivo de Rajoy impugne de nuevo otro avance social en la región

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha criticado hoy que el Ejecutivo de Rajoy haya impugnado de nuevo otro avance social en la región como es la entrada en vigor desde el pasado mes de noviembre de las cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional.


Estas cláusulas, aprobadas por el Gobierno regional, incluyen importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, situando a Castilla-La Mancha a la vanguardia en materia de contratación pública.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras conocer hoy la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, a instancia de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, contra las cláusulas sociales, ha lamentado que el Gobierno de Rajoy, con la complicidad de la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, “haya impugnado la inclusión de estas cláusulas que aumentan los derechos sociales de los ciudadanos en el marco de la contratación pública”.

Ruiz Molina ha recordado que los avances sociales y laborales que lleva a cabo el Gobierno de García-Page son objeto muchas veces de recursos por parte de la Administración del Estado, “con la mediación directa de la señora Cospedal, no solo en este caso de las cláusulas sociales, sino también contra la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta o poniendo en tela de juicio las ofertas de empleo público aprobadas por el Ejecutivo regional, especialmente en sanidad y educación”.

Más garantías en contratación pública

Con las nuevas cláusulas sociales, la Administración regional, a través de la contratación pública, interviene de manera directa para promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social y mejorar la protección del medio ambiente.

Además, la Administración regional puede resolver los contratos por incumplimiento de las cláusulas sociales o imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria.

Entre las causas de resolución de un contrato, también está que la empresa abone salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo que le sea de aplicación, que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores o el impago de las cuotas a la Seguridad Social.

Otras medidas recogidas en estas cláusulas se refieren a la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales y que en la redacción de toda la documentación que forme parte de los expedientes de contratación se utilice un lenguaje no sexista.

Otra novedad es que se debe favorecer la contratación por parte de las empresas adjudicatarias de personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo.

En relación con la subrogación, se establece que, con independencia de lo que recojan los convenios colectivos, es obligatoria la inclusión de una cláusula que establezca la subrogación de los trabajadores, con respeto absoluto a los derechos económicos y laborales que tuvieran reconocidos. 

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