El Gobierno regional destina 1,4 millones de euros al papel “fundamental” que realizan las asociaciones de pacientes y entidades sin ánimo de lucro

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El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 1,4 millones de euros al desarrollo de actividades y prestación de servicios en materia sociosanitaria que llevan a cabo las asociaciones de pacientes y entidades privadas sin ánimo de lucro de la región, tal y como ha anunciado el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.


Hernando ha destacado el papel “fundamental” que desempeñan estas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro a la hora de incrementar la calidad de vida de los enfermos crónicos, y que además ser “gran parte del remedio” en la difícil situación que atraviesan, “son una verdadera inyección de autoestima y espíritu positivo”.

Mediante esta orden de ayudas, se subvencionarán los programas destinados a cuidados asistenciales y/o rehabilitadores; los servicios de integración sociolaboral; las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, información, asesoramiento, sensibilización y divulgación; así como la formación y capacitación de pacientes, la calidad asistencial y la participación social.

La concesión de estas subvenciones supone la cofinanciación de gastos relacionados con la realización de actividades, personal y mantenimiento de estos programas, que suponen un apoyo fundamental para pacientes y familias, un sector sociosanitario que, ha remarcado el portavoz del Gobierno regional, “solamente el año pasado sostuvo 1.370 empleos y atendió a cerca de 87.700 usuarios”.

Ayudas a la promoción del vino en terceros países

Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva convocatoria de ayudas a la promoción del vino en mercados de terceros países que persiguen mejorar la competitividad de los vinos de la región mediante las acciones de promoción e información que las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha llevan a cabo en países extracomunitarios.

Estas ayudas van destinadas a que las empresas vitivinícolas de la región puedan realizar misiones comerciales, relaciones públicas y medidas de promoción y publicidad, participar en ferias y exposiciones, realizar campañas de información y elaborar estudios de nuevos mercados; y/o de evaluación de resultados.

En concreto, se podrán cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y el material para promocionar los vinos con denominación de origen protegida, los vinos con indicación geográfica protegida y los vinos en los que se indique la variedad de uva de vinificación.

El presupuesto que dispone esta medida de apoyo a nivel nacional es de 50 millones de euros y la cuantía definitiva de la ayuda asignada a cada comunidad autónoma vendrá determinada por la aprobación en Conferencia Sectorial de la lista definitiva de las acciones y programas seleccionados a nivel nacional.

El portavoz ha denunciado que, pese a ser la primera región productora a nivel nacional, con 23 millones de hectolitros de vino y mosto en la última vendimia, el 55,5 por ciento de la producción total, en los últimos años Castilla-La Mancha ha pasado de recibir 6,4 millones de euros de ayudas para la promoción de nuestros vinos en terceros países a apenas 3,4 millones.

Hernando ha achacado esta reducción de los fondos comunitarios a la “falta de voluntad política” del Gobierno de Rajoy para reducir las trabas burocráticas que aún hoy dificultan el acceso a estos fondos por parte de las bodegas y cooperativas de la región. Una postura que, ha subrayado, “no nos parece inteligente” al dar la espalda a un sector que arroja un saldo positivo en la balanza comercial de Castilla-La Mancha de más de 500 millones de euros.

El portavoz ha anunciado que de cara al nuevo Programa de Apoyo para el periodo 2018-2023, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha trasladado ya al Gobierno central su petición para que el presupuesto nacional se reparta y que sea cada comunidad autónoma la que gestione íntegramente la parte que le corresponda, algo que, ha incidido, ayudaría además a simplificar los trámites y procedimientos que tienen que afrontar los beneficiarios de estas ayudas durante el proceso de justificación. 

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