Falta de respeto del Candidato de Unidos Podemos, Luis Benítez de Lugo, a las instituciones públicas y a sus empleados

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Ante la nota de prensa remitida a los medios de comunicación por Luis Benítez de Lugo, candidato de Unidos Podemos al Senado, el Ayuntamiento de Valdepeñas traslada las siguientes manifestaciones:


Luis Benítez de Lugo concurre al proceso electoral manteniendo su condición procesal de imputado por un presunto delito contra el patrimonio histórico de Valdepeñas. Por cierto, es el único candidato de todos los partidos en la provincia de Ciudad-Real que goza de tan peculiar situación. Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas continúan aún en trámite y en las mismas el arqueólogo denunciado, Luis Benítez de Lugo, se halla imputado; es más, sin perjuicio de la calificación jurídico-penal definitiva de los hechos, del contenido de las referidas actuaciones judiciales se desprende, al menos, que los actos cometidos por aquél, denunciados por la Fiscalía de Ciudad-Real, habrían quebrantado los límites y contenido de la preceptiva autorización concedida por Consejería de Cultura para la realización de actividades arqueológicas en el entorno del Cerro de Las Cabezas, en el término municipal de Valdepeñas.


A pesar del código deontológico de la formación electoral de Unidos Podemos respecto de la pulcritud personal y profesional de sus componentes, resulta cuanto menos contradictorio que el Sr. Benítez de Lugo haya aceptado su nominación dada su situación judicial.


Hecha la introducción precedente, en otro orden de cosas pero fundamentalmente, cabría referirse a la reciente nota de presenta emitida por el honorable hijo de la casta, Luis Benítez de Lugo, con relación a otro proceso penal en relación con la intervención de determinados empleados públicos en un proceso selectivo que aquél no superó, a pesar de las gestiones extraprocedimentales intentadas previamente sobre el entorno.


Evidentemente, siendo hijo de quien es, y postulándose por una formación política que presume de llegar para limpiar el escenario actual, debería ponderar en su conducta, al expresarse, el obligado y necesario respeto a las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Valdepeñas y, además, en particular, a los empleados públicos del mismo. En un Estado de Derecho, la presunción de inocencia no cede ni siquiera ante la mera transformación formal de un proceso penal de diligencias previas a procedimiento abreviado, en el que, por cierto, y también lo omite, el Ministerio Fiscal no ha observado conducta punible de clase alguna en ninguna de las personas y/o o empleados públicos a los/as que Benítez de Lugo implica en una imaginaria confabulación. Debería conocer que la presunción de inocencia solo desaparece con una resolución judicial condenatoria. Y la presunción de culpabilidad, también. Si es otra su interpretación, aplíquese la misma medicina.


El comportamiento mendaz de Benítez de Lugo (a quien a la vez le asiste como abogado su padre, honorable militante histórico del PSOE), se manifiesta meridianamente cuando afirma que “ya sólo queda determinar quien fue Il Cappo de toda la operación”, cuando resulta que, en párrafos anteriores, afirma que la investigación judicial (fase de instrucción) ya ha sido concluida. Tal comportamiento y forma de proceder es tan habitual en él porque mantiene unilateralmente una afrenta con el Alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, quizás porque éste no se prestó a seguir –en beneficio de aquél- la cadena de favores que, en su día, se le solicitó.


La grosería de tal actitud se confirma cuando el susodicho omite también en su nota de prensa que, en su día, el Tribunal Supremo dictó resolución en la que determinó que ni el Secretario General del Ayuntamiento ni el citado Alcalde tenían responsabilidad alguna en los hechos, archivando libremente la causa contra ambos.


Debemos respetar la opinión de todos, y tenemos derecho individual a manifestarla; pero aquélla debe contener todos los hechos objetivos conocidos, y ser ausente de viciada subjetividad; debe exigirse, a la vez, en el ejercicio de aquel derecho a la libertad de expresión, el respeto de las Instituciones Públicas y, desde luego, a la presunción de inocencia y a la dignidad personal y al honor de los empleados públicos que las componen.


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