El Gobierno regional ejercerá la tutela de 1.041 personas con la “capacidad de obrar modificada” por una decisión judicial

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha renovado con los representantes de seis fundaciones tutelares de la región los protocolos de colaboración que permitirán al Gobierno regional prestar el servicio de tutela a 1.041 personas mayores de edad con la capacidad de obrar modificada judicialmente, residentes en Castilla-La Mancha.


El servicio público de tutela que tiene encomendado el Gobierno regional por la Comisión Tutelar se llevará a cabo a través de cinco entidades privadas y una pública. Estas son la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM); Fundación Madre; Fundación Mayores; Fundación Familia; Fundación Daño Cerebral Sobrevenido FUNDACE y Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha.

En el acto, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha recordado que la financiación de este servicio se realiza, en el caso de las fundaciones privadas, de acuerdo a la orden de 30 de Diciembre de 2015, de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, con un presupuesto de 2.484.589 euros en 2016. La Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por su parte, ejerce la tutela de personas con enfermedad mental y adicciones, con presupuesto asignado por las consejerías de Sanidad y Bienestar Social, conjuntamente.

Los acuerdos suscritos hoy permitirán la tutela de 1.041 personas con capacidad de obrar modificada judicialmente, más las pendientes de valoración durante el año, además del mantenimiento de una vivienda de corta estancia en Guadalajara, gestionada por la Fundación Madre para personas tuteladas con enfermedad mental.

Servicio público de tutela

La consejera ha ratificado la intención, ya anunciada por el presidente García-Page, de aprobar un decreto para la “protección integral” por parte del Gobierno regional de las personas con discapacidad, “su tutela en caso necesario y la garantía del recurso residencial o habitacional que necesite la persona con discapacidad intelectual cuando falte su familia”.

Aurelia Sánchez ha recordado que la “cohesión social constituye uno de los pilares del trabajo que realiza el Gobierno de Castilla-La Mancha día tras día”, señalando que la “función social de esta Administración cobra su mayor sentido en el momento en que asume la tutela de un ciudadano o ciudadana de Castilla-La Mancha en situación de desamparo”.

Respecto al papel que el Gobierno regional desempeña en el servicio de tutela “la ley nos ha adjudicado el papel de último báculo de estos colectivos” ha subrayado la consejera, que ha felicitado a los casi 80 profesionales que trabajan en las entidades tutelares de la región.

Fundación Sociosanitaria de CLM

En nombre de las fundaciones firmantes ha tomado la palabra la gerente de la Fundación Sociosanitaria de CLM, Susana García-Heras , que ha manifestado que la incapacitación que realizan los jueces con las personas que acaban siendo tuteladas por la Administración no supone “un mayor control, sino que se trata de una medida de protección de sus derechos”, puesto que siguen siendo personas que tienen sueños y los profesionales de las entidades tutelares tienen el reto de mantener su calidad de vida.

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