El Jurado Arbitral Laboral promovió 71 expedientes de mediación colectiva en Ciudad Real durante el pasado año

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El Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha promovió 71 expedientes de mediación colectiva en la provincia de Ciudad Real durante el 2015. Así lo ha dado a conocer el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, en el balance realizado este lunes junto al secretario general de este organismo, Víctor Tera, el secretario de FECIR Agustín Miranda, el secretario general de CCOO en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Muñoz, y el responsable de FITAG-UGT, Alfredo Nieto.


Así, el Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha logró en sus reuniones de mediación y conciliación que cerca del 46% de los conflictos colectivos laborales de la provincia de Ciudad Real tramitados durante 2015 se cerraran con la firma de un acuerdo extrajudicial entre empresarios y trabajadores.


Espinosa ha avanzado que durante el pasado año el Jurado atendió expedientes de 572 empresas de esta provincia con un total de 7.223 trabajadores, que supuso que se celebraran 71 reuniones y se practicaran 275 actuaciones por parte de los mediadores provinciales.


Por lo que se refiere al tipo de conflictos, se tramitaron 29 huelgas, 38 conflictos de aplicación/interpretación, un asunto de bloqueo de acuerdo colectivo y otro de bloqueo de convenio colectivo.


Por sectores, los que más acudieron a la mediación del Jurado Arbitral fueron el del Metal con 25 conflictos colectivos, seguidos de Limpieza con ocho y Químicas con seis.


El Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha es una fundación tutelada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta que tiene como función la conciliación, mediación y arbitraje en el ámbito laboral. En este sentido, el director provincial de Economía Empresas y Empleo ha destacado la buena acogida que el Jurado tiene y su importante papel en la disminución de los conflictos laborales.


Espinosa ha valorado también el “importante papel” que desempeña este órgano, ya que al propiciar la resolución de conflictos no sólo se benefician los trabajadores y empresarios afectados, sino “también a todos los ciudadanos, al evitar los perjuicios económicos y sociales que en mayor o menor escala pueden provocar desde una huelga hasta la falta de acuerdo para la firma de un convenio colectivo o cualquier otro tipo de controversia laboral”.



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