Cotillas anuncia que el PP de Ciudad Real abrirá un expediente informativo por el caso relacionado con Antonio de la Torre

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El presidente provincial del Partido Popular, Carlos Cotillas, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa y, a preguntas de los periodistas sobre la denuncia de la Fiscalía contra el presidente del PP de Valdepeñas, Antonio de la Torre, ha señalado que respeta las decisiones judiciales, que cree en la presunción de inocencia y que el PP de Ciudad Real va a seguir los pasos que marcan los estatutos del partido, por lo que se va a abrir un expediente informativo.


Hay que recordar que la Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel para el presidente del PP de Valdepeñas por un presunto delito de falsedad documental. Igualmente, en el escrito del fiscal se recuerda que fue "en marzo de 2007 cuando Antonio de la Torre, actuando como presidente del PP de Valdepeñas, presentó en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de Valdepeñas una querella contra el alcalde de la localidad, Jesús Martín, y el gerente de Urbanismo, Francisco Delgado Merlo. Esta querella dio lugar a unas diligencias previas por las que se requirió a De la Torre que presentara un poder especial para pleitos".



Según el fiscal, "De la Torre acudió en abril de 2007 a la notaría de Manuel Pulgar Malo de Molina, donde presentó un documento según el que la ejecutiva local del PP le autorizaba a llevar a cabo la firma ante notario de un poder que le cualificara como responsable para llevar a cabo todo tipo de pleitos y esta autorización aparecía firmada por la entonces secretaria en nombre de la Ejecutiva Local". No obstante, después de realizar la "pericial correspondiente por el especialista en Documentoscopia de la Brigada Provincial de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha, se concluyó que la firma de la secretaria era falsa por imitación servil".



Igualmente, el fiscal señala que "el documento fue presentado al notario por el acusado a sabiendas de su falsedad en la firma de la secretaria y en perjuicio de los querellados Jesús Martín Rodríguez-Caro y Francisco Delgado Merlo". Es por ello que el fiscal considera que los hechos son "constitutivos de un delito de falsedad en documento privado del que responde el acusado, para el que pide una pena de prisión de un año y tres meses con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por todo el tiempo de condena, además de las costas procesales".

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