La Consejería de Fomento desbloquea el borrador de reglamento regional del taxi

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La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, y el director general de Carreteras y Transportes, David Merino, se han reunido con el presidente de la Federación Regional de Taxistas, Manuel García, y el coordinador de la Federación Provincial de taxis de Toledo, Javier Raso, para definir un calendario a corto y medio plazo sobre los textos legales que regulan al sector.


La Federación Regional se ha interesado por un borrador de reglamento específico del taxi en la región cuya tramitación quedó detenida por la cita electoral del pasado mes de mayo. Consensuado en diferentes reuniones sectoriales, el texto fue informado con algunos matices incorporados por los servicios jurídicos de la Consejería, aunque no llegó a remitirse al Consejo de Gobierno.



García y Raso han informado a los nuevos responsables de la Consejería de Fomento que el borrador es un texto consensuado que, si bien no satisface enteramente a los taxistas, pone límites legales a determinadas prácticas fraudulentas de no profesionales que han proliferado en los últimos años y que prestan servicios careciendo de licencia y sin los correspondientes seguros y garantías para los pasajeros aprovechando la existencia de lagunas jurídicas entre el transporte regular de viajeros y el taxi.



La Consejería considera que un reglamento de esta naturaleza es necesario, aunque será necesario un tiempo breve para revisarlo en profundidad antes de someterlo a información pública, período en el que podrán alegar otros sectores implicados de cara a su aprobación definitiva previa a su entrada en vigor.



Según ha expuesto Elena de la Cruz a los representantes de los profesionales, una vez aprobado ese reglamento que solucione los problemas más acuciantes del sector, tiene intención de acometer una reforma de mayor ámbito: la de la Ley 14/2005 de 29 de diciembre de Ordenación de Transportes por Carretera de 2005 tras reunirse con todos los sectores implicados.



La consejera considera que con 10 años de antigüedad y los múltiples cambios que ha experimentado recientemente la actividad que regula, la ley merece una revisión profunda a lo largo de la legislatura.

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